Ley Europea de Seguridad Ciudadana y Empoderamiento de las Víctimas

Ley Europea de Seguridad Ciudadana y Empoderamiento de las Víctimas

Objetivos

Pedimos a la Comisión Europea que promulgue una reforma integral de las directivas y reglamentos existentes de la Unión Europea relativos a los derechos de las víctimas, el derecho penal sustantivo, la libre circulación y los controles fronterizos. El objetivo es proporcionar a los ciudadanos de la UE y a las víctimas de delitos mecanismos jurídicos y financieros directos para que los gobiernos de los Estados miembros rindan cuentas cuando no logran mantener el orden público y la seguridad. Al establecer sentencias mínimas obligatorias, un marco automatizado de multas estatales y un portal digital directo para la compensación de las víctimas, el poder legislativo se transfiere efectivamente de la burocracia estatal directamente al individuo.

La propuesta legislativa de nueve puntos

1. Sentencia mínima obligatoria por agresión sexual agravada y financiación basada en el riesgo

Marco jurídico de la UE: Acción en virtud del artículo 83, apartado 1, del TFUE (Eurodelitos - explotación sexual de mujeres y niños).

Texto jurídico: La agresión sexual agravada —definida como cualquier acto sexual no consentido cometido por un autor desconocido para la víctima antes de la agresión, o cometido por múltiples autores, que implique violencia física, armas o sumisión química— conllevará una pena mínima obligatoria a escala de la UE de no menos de veinte años de prisión. Esta sentencia debe cumplirse en su totalidad, con sujeción a las restricciones máximas a la libertad condicional anticipada o a la conversión en libertad condicional permitidas por las normas de derechos humanos de la Unión Europea. Para los nacionales de terceros países, esta pena irá seguida inmediatamente de un control judicial de la expulsión permanente y de una prohibición permanente de entrada en la Unión Europea.

Sanción financiera contra el Estado: El Fondo de Apoyo a las Víctimas de la UE se financiará mediante contribuciones de los Estados miembros ajustadas al riesgo. Si las estadísticas de delincuencia per cápita de un Estado miembro en relación con la delincuencia callejera violenta y los delitos sexuales superan la media de la UE, su contribución financiera al fondo aumentará automáticamente en un 200 %, lo que obligará al Gobierno que incumpla las normas a subvencionar directamente la indemnización a las víctimas.

2. Pena Mínima Obligatoria y Expulsión para Beber Spiking

Marco jurídico de la UE: Nueva normativa penal para delitos transfronterizos graves.

Texto jurídico: La presentación y el aumento de sustancias químicas —definidos como la adición intencional de sustancias intoxicantes, estupefacientes o alcohol a la bebida o el alimento de una persona sin su conocimiento y consentimiento explícito— se tipificarán como delito grave en todos los Estados miembros de la UE. El delito conllevará una pena mínima obligatoria de no menos de cinco años de prisión, que se cumplirá en su totalidad, con total independencia de la supuesta intención del autor o de las acciones posteriores. Si el autor es un extranjero sin residencia legal, la pena de prisión irá seguida de la expulsión inmediata de por vida de la Unión Europea.

Sanciones estatales (alto nivel): Si un Estado miembro no hace cumplir esta pena mínima (por ejemplo, mediante la emisión de sentencias suspendidas o la liberación anticipada en violación de este reglamento), el Estado se enfrentará a multas automatizadas de la UE de 200.000 euros por caso, por semana hasta que se logre el cumplimiento.

3. Responsabilidad del Estado y Restauración de Activos en Ocupaciones de Propiedad Ilegal (Squatting)

Marco jurídico de la UE: Reglamento en el ámbito del mercado único y la protección de los derechos de propiedad privada, destinado a proteger la estabilidad de las inversiones transfronterizas.

Texto jurídico: Los Estados miembros garantizarán procedimientos judiciales acelerados para anular inmediatamente las protecciones de arrendamiento nacionales o las reclamaciones de vulnerabilidad social contra el propietario legítimo que presente escrituras de propiedad válidas. Si la policía de un estado miembro no desaloja físicamente a los ocupantes ilegales y restaura la propiedad a su legítimo propietario dentro de las 48 horas posteriores a la notificación, se activa la responsabilidad directa del estado. El Estado miembro estará legalmente obligado a reembolsar continua y retroactivamente al propietario todas las facturas de servicios públicos, los costos de mantenimiento y los ingresos de alquiler perdidos verificados hasta que se produzca la recuperación física completa.

Sanciones estatales (alto nivel): Si un Estado miembro descuida esta obligación financiera o no procesa el reembolso de la víctima dentro del plazo establecido, el Estado se enfrentará a multas automatizadas de la UE de 50,000 EUR por semana por cada caso no resuelto hasta que se resuelva la compensación financiera completa y se ejecute el desalojo.

4. Criminalización y custodia por acoso callejero agresivo

Marco jurídico de la UE: Modificación de las directivas de la UE sobre la protección de la integridad individual en los espacios públicos.

Texto jurídico: Acosar agresivamente, bloquear o acosar verbalmente a un ciudadano en espacios públicos se establecerá como un delito penal estandarizado en todos los estados miembros. Esta ofensa se define como continuar tal comportamiento después de que la víctima haya emitido múltiples rechazos claros y verbales (incluyendo, pero no limitado a, declarar "detener" o "dejarme solo"). Tras la condena, el delito conllevará una sentencia obligatoria de 6 meses de prisión o 500 horas de servicio comunitario obligatorio. En los casos en que el autor utilice la obstrucción física o el bloqueo, la pena se aumentará automáticamente a una pena mínima obligatoria de no menos de un año de prisión.

Sanciones estatales (nivel medio): Si las autoridades nacionales desestiman o no enjuician los casos verificados en los que existan pruebas objetivas (CCTV o testimonios de testigos), el Estado miembro se enfrentará a multas automatizadas de 10 000 EUR por caso, pagadas directamente al Fondo de Apoyo a las Víctimas de la UE.

5. Detención y sentencia obligatorias previas al juicio por reincidencia múltiple

Marco jurídico de la UE: Nuevo Reglamento sobre normas mínimas para los procesos penales y la seguridad pública.

Texto jurídico: La prisión preventiva obligatoria se aplicará a todas las personas detenidas por delitos violentos, delitos sexuales o reincidencia múltiple. La multirreincidencia se define uniformemente en toda la Unión Europea como una persona detenida o condenada por tres o más delitos (incluidos robos menores y hurtos, independientemente del valor financiero) dentro de un período de 24 meses. Tras la condena, se impondrá una pena obligatoria de no menos de tres años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Estas normas judiciales se aplicarán de manera idéntica a todas las personas, independientemente de su género.

Sanciones estatales (alto nivel): Si un Estado miembro libera a una persona multirrecidivante antes del juicio, se activa un mecanismo de aplicación de emergencia de la UE. Después de un período máximo de revisión de 90 días, el estado será multado con 250,000 EUR por día mientras la persona permanezca libre.

6. La igualdad universal ante la ley y la abolición de las lagunas procesales

Marco jurídico de la UE: Directiva general de justicia penal sobre la igualdad absoluta ante la ley.

Texto jurídico: Todas las sanciones penales, incluidas la prisión preventiva, la prisión y la expulsión, deben aplicarse de manera idéntica a todas las personas, con total independencia del género, la situación familiar o las condiciones personales y médicas del autor (como el embarazo o el presunto embarazo). Las circunstancias fisiológicas o sociales nunca servirán como base legal para sentencias diferidas, arresto domiciliario o mitigación de penas por delitos graves o multirreincidencia. Las autoridades penitenciarias y de detención están obligadas a mantener a esas personas en dependencias seguras especializadas y médicamente equipadas dentro del sistema penitenciario sin detener la ejecución de la pena, garantizando que la ejecución de la pena se mantenga respetando al mismo tiempo los límites absolutos de la dignidad humana.

Sanciones estatales (nivel medio): Si un órgano jurisdiccional nacional concede el arresto domiciliario o el aplazamiento de la sentencia sobre la base de condiciones personales o médicas por delitos graves o reincidencia múltiple, el Estado miembro se enfrentará a multas automatizadas de la UE de 50 000 EUR por semana por cada caso no corregido.

7. Spray de pimienta legal y sin licencia como producto de seguridad civil

Marco jurídico de la UE: Directiva por la que se armoniza el mercado interior de bienes de seguridad civil.

Texto jurídico: La fabricación, venta, posesión y transporte de aerosoles de autodefensa certificados y no letales (espray de pimienta) se establecerá como un derecho legal para todos los ciudadanos (15 años o más) en toda la Unión Europea. Los estados miembros no pueden exigir permisos personales, certificados de comportamiento o licencias de armas, siempre que el producto se compre a un minorista con licencia. Todas las prohibiciones nacionales contra el transporte de estos artículos se derogan inmediatamente.

Sanciones estatales (nivel proporcional): Todo funcionario o agente del Estado que confisque un aerosol certificado a un ciudadano se enfrentará a una multa administrativa personal obligatoria de 500 EUR, deducida directamente del presupuesto de su departamento. Los Estados que se nieguen a adaptar sus legislaciones nacionales a la presente Directiva se enfrentarán a multas administrativas de la UE de 25 000 EUR al día.

8. Identificación obligatoria, transporte y custodia para estancia ilegal

Marco jurídico de la UE: Reforma global de la Directiva sobre retorno de la UE (2008/115/CE).

Texto jurídico: Las autoridades policiales de todos los Estados miembros tienen la obligación vinculante de llevar a cabo controles de identidad siempre que exista una sospecha razonable de estancia ilegal. A los oficiales se les prohíbe legalmente ignorar o evitar controlar a las personas en los espacios públicos. Desde el momento exacto en que se detiene a una persona y se descubre que carece de identificación válida o derechos legales para residir dentro de la Unión Europea, la persona debe ser transportada inmediatamente a la instalación policial más cercana y puesta bajo custodia segura (célula de detención) o equipada con una tobillera de monitoreo electrónico 24/7 in situ. Las autoridades y los tribunales nacionales tienen prohibido citar obstáculos logísticos, hacinamiento o escasez de equipos para eludir esta obligación inmediata de custodia y transporte.

Sanciones estatales (alto nivel): Si la policía no comprueba, transporta o detiene a una persona indocumentada, liberándola de nuevo en espacios públicos, el Estado miembro se enfrentará a multas diarias automatizadas de la Unión Europea del 0,01% del PIB diario del país por cada infracción individual hasta que se asegure la custodia o se ejecute la expulsión, operando bajo un marco de aplicación estandarizado calibrado para garantizar el cumplimiento estricto.

9. Pena de prisión obligatoria por infracciones de prohibición de entrada a la inmigración

Marco jurídico de la UE: Reforma del Código de fronteras Schengen y de la Directiva sobre retorno.

Texto jurídico: Toda persona expulsada previamente del territorio de la Unión Europea en virtud de una prohibición formal de entrada que posteriormente sea detenida ilegalmente en la Unión se enfrentará a una pena de prisión obligatoria y fija de al menos tres años de prisión. No hay factores atenuantes, demoras burocráticas o solicitudes de asilo posteriores que puedan detener, reducir o cancelar la ejecución de esta pena privativa de libertad; estas solicitudes de asilo se tramitarán con arreglo a un procedimiento acelerado de emergencia mientras la persona permanezca bajo custodia segura. Al cumplir la pena en un establecimiento seguro, se ejecutará la expulsión inmediata.

Sanciones estatales (nivel medio): Si un estado miembro no detiene a una persona que ha violado una prohibición de entrada, o les concede libertad temporal durante las revisiones de inmigración, el estado será multado con 25,000 EUR por día, por persona que no esté asegurada.

ACCIÓN CIUDADANA DIRECTA KLAUSUL

Para garantizar que los ciudadanos y las víctimas de delitos no dependan de sistemas judiciales nacionales lentos, se establece el siguiente mecanismo automatizado:

Portal digital de reclamaciones de la UE: Las víctimas inician sesión en un portal cifrado de la UE utilizando identificaciones digitales nacionales. El proceso es completamente gratuito y funciona completamente sin la necesidad de asesoramiento legal, aplicándose por igual a todos los ciudadanos independientemente del género.

Alivio financiero inmediato (90 días): Las víctimas de cualquier agresión física o acoso sexual público por parte de un extraño recibirán una compensación fija de 5.000 euros en un plazo de 90 días. Las víctimas de agresiones graves agravadas, alcoholismo o violación recibirán 25 000 EUR en un plazo de 90 días (con un anticipo de emergencia de 10 000 EUR en un plazo de 14 días). Los fondos se liberan en función del informe policial inicial y la evidencia física o técnica objetiva (CCTV, informes de testigos, datos forenses o toxicología médica). El pago está totalmente separado de si aún se ha alcanzado una condena judicial definitiva contra el perpetrador.

Prevención del fraude: La fabricación evidente de reclamaciones de adquisición ilícita de fondos del Fondo de Apoyo de la UE se considerará un delito financiero intencionado contra la Unión Europea, con una pena mínima obligatoria de dos años de prisión y una multa automatizada del importe reclamado.  

Aplicación de la normativa de la UE: Una vez que el Fondo de la UE compensa al ciudadano, la Unión Europea asume legalmente la reclamación y exige el reembolso inmediato del gobierno del Estado miembro defectuoso. Si el Estado no reembolsa el fondo en un plazo de 30 días, el importe exacto se atraca automáticamente y se retiene de los fondos estructurales y de desarrollo regional de la UE que de otro modo se asignarían a ese Estado miembro.