Iniciativa Ciudadana Europea: ¿no hay fondos de la UE para países sin un poder judicial independiente y el Estado de Derecho?

IniciativaCiudadana Europea: conceder a los nuevos Estados miembros de la UE un plazo fijo para reformar sus sistemas judiciales y condicionar el acceso de todos los miembros a los fondos relativos al Estado de Derecho.

La iniciativa ciudadana europea «Stop corruption in the EU» propone un plazo fijo para que los países de reciente adhesión lleven a cabo reformas en sus sistemas judiciales. También pide que se respete el Estado de Derecho como condición para que todos los Estados miembros reciban fondos de la UE.  

Nosotros, los iniciadores de «Stop corruption in the EU», estamos convencidos de que el fraude y el uso indebido de los fondos europeos afectan a todos los países, así como a todos los ciudadanos que, como contribuyentes, contribuyen al presupuesto de la UE. Por lo tanto, proponemos cambios en la legislación europea, que contribuirán a hacer cumplir el Estado de Derecho y a frenar la corrupción.

La corrupción es un fenómeno que nunca puede erradicarse completamente, pero sus daños pueden mitigarse y limitarse mediante la aplicación efectiva del Estado de Derecho.

Según una encuesta del Eurobarómetro, el 71,6 % de los europeos cree que el fraude con fondos de la UE es un fenómeno habitual, y más del 80 % apoya y reconoce la importancia de los principios fundamentales del Estado de Derecho.

Muchas instituciones y mecanismos paneuropeos participan en la gestión del riesgo de fraude con fondos europeos, pero solo las administraciones nacionales de cada Estado miembro pueden participar simultáneamente en las cuatro fases del proceso: prevención, detección, investigación y sanciones.

Creemos que la creación de la Fiscalía Europea otorgará a la UE derechos adicionales para investigar y sancionar tales violaciones, pero no anulará ni disminuirá el papel esencial de las autoridades nacionales en la lucha contra la corrupción, la aplicación y la defensa del Estado de Derecho.

En relación con todo lo anterior, los iniciadores de la ICE «Stop corruption in the EU» (Detener la corrupción en la UE) hemos fijado los dos objetivos siguientes:

1. La introducción de un plazo estricto para que los países de reciente adhesión lleven a cabo reformas en sus sistemas judiciales

Las tres últimas rondas de ampliación de la UE dieron lugar a la adhesión de 13 nuevos Estados miembros: Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría y la República Checa en 2004, Bulgaria y Rumanía en 2007 y Croacia en 2013.

Los nuevos Estados miembros pueden beneficiarse de los fondos de preadhesión y de cohesión, así como del programa de apoyo a las reformas estructurales (SRSP).

A diferencia de los países que se adhirieron en 2004 y de Croacia en 2013, la adhesión de Bulgaria y Rumanía en 2007 estaba vinculada al Mecanismo de Cooperación y Verificación (MCV), ya que ambos países todavía no habían avanzado lo suficiente en la reforma judicial, la corrupción y (en el caso de Bulgaria) la delincuencia organizada.

En el momento del registro de nuestra iniciativa en septiembre del año pasado, Bulgaria y Rumanía habían sido miembros de la UE desde hacía más de 12 años. Posteriormente, en noviembre de 2019, la Comisión Europea decidió que la supervisión del MCV puede levantarse para Bulgaria (votada en el PE, pero no en el Consejo de la UE), pero seguirá aplicándose en Rumanía.

Hasta la fecha, Bulgaria aún no ha completado la reforma de su sistema de enjuiciamiento, el fraude con fondos de la UE es muy común y solo 3 de los 40 casos observados de investigaciones de corrupción de alto nivel entre 2014 y 2019 han finalizado con condenas.

Aunque el Mecanismo de Cooperación y Verificación establece objetivos precisos y claros, no fija plazos para su aplicación (duración global del MCV) ni consecuencias para su no consecución.

Teniendo en cuenta la experiencia de Bulgaria y Rumanía, y con vistas a una mayor ampliación de la UE, proponemos introducir un período estricto de 10 años durante el cual los nuevos países tienen que llevar a cabo reformas en sus sistemas judiciales y garantizar una lucha eficaz contra la corrupción.

2. Vinculación del Estado de Derecho a la recepción de fondos de la UE por parte de los distintos Estados miembros

Las deficiencias en la aplicación del Estado de Derecho no solo afectan a la capacidad de reducir el fraude con los fondos de la UE y la corrupción, sino también al funcionamiento independiente de las principales autoridades, la calidad del entorno empresarial y el desarrollo económico, la independencia de los medios de comunicación, la transparencia de las finanzas públicas y muchos otros ámbitos, que revisten una importancia fundamental para todos los ciudadanos europeos.

La actual Comisión Europea ha anunciado su intención de supervisar el Estado de Derecho en todos los Estados miembros de la UE. En abril de 2019, el Parlamento Europeo votó una Directiva que vincula la recepción de fondos de la UE al Estado de Derecho. Han transcurrido 14 meses a la espera de una decisión del Consejo de la Unión Europea sobre esta Directiva.

Nuestra iniciativa ciudadana propone establecer criterios y valores de referencia claros en relación con el Estado de Derecho, a fin de informar con precisión de los resultados; e introducir la opción de imponer una moratoria (suspensión temporal) a los desembolsos de fondos europeos a países que incumplan estos criterios hasta que se eliminen las irregularidades.

Todos los ciudadanos europeos reembolsarán el aumento significativo de subvenciones y préstamos sin intereses previstos en el próximo presupuesto de siete años de la Unión Europea, así como el préstamo previsto de 750 000 millones de euros para cubrirlos. Esto refuerza aún más la urgente necesidad de medidas antifraude más estrictas y de un mecanismo adecuado para garantizar el Estado de Derecho en todos los Estados miembros.

Nuestra iniciativa ciudadana europea agradece sinceramente a todos los que se han puesto en contacto y nos han apoyado hasta ahora. Hemos redirigido a todos los ciudadanos que querían denunciar casos específicos de corrupción a las autoridades responsables. Acogemos con satisfacción cualquier actividad cívica, asesoramiento y voluntad de ayudar en relación con la iniciativa.