Varias iniciativas locales en España han involucrado a los ciudadanos para encontrar soluciones a la brecha digital en el centro de los problemas comunitarios. Han escrito manifiestos para la inclusión digital de las mujeres, los migrantes, las personas mayores y las personas con discapacidad. Llaman la atención de las autoridades locales y de los vecinos sobre la necesidad de colmar esta brecha. Sin embargo, la falta de competencias digitales básicas y de acceso a Internet siguen pendientes, en cierta medida, no solo en España, sino también a escala europea. Las iniciativas ciudadanas locales son el primer paso de un instrumento más amplio para exigir un mejor acceso y un mejor conocimiento para utilizar los servicios digitales.
Según evaluaciones recientes, la brecha digital en Europa sigue siendo importante: los ciudadanos de la UE con competencias digitales básicas todavía representaban solo el 58 % de la población en 2020. Además, el 9,5 % de los ciudadanos de la UE, por término medio, nunca han accedido a Internet. El54 % de ellas son personas con discapacidad, lo que representa una proporción de uno de cada tres. Sin embargo, los países del norte de Europa difieren notablemente de los países de Europa oriental y meridional. En Suecia, Dinamarca, los Países Bajos y Luxemburgo, el analfabetismo digital sigue siendo inferior al 3 % de la población. Sin embargo, en Bulgaria, Grecia, Portugal y Croacia, oscila entre el 18 % y el 24 %. En España, esta proporción es del 8 % por término medio.
En España, varios municipios han desarrollado iniciativas populares en el contexto de programas, proyectos y talleres de participación social. Las propias personas se han unido para buscar soluciones contra la brecha digital, que consideran uno de los problemas más importantes de sus comunidades. Por ejemplo, una comunidad de vecinos situada en Alcobendas (al norte de Madrid) participó en un proyecto apoyado por el Ayuntamiento denominado «Train, Organization and Act». En este marco, han redactado un «manifiesto para el refuerzo de los servicios telemáticos» para exigir mejores servicios digitales en la ciudad. Tienen la intención de animar a todos los ciudadanos a trabajar juntos para alcanzar estos objetivos.
Mientras tanto, en Valencia, una ciudad industrial de casi dos millones de habitantes, un grupo de 30 ONG se ha unido para promover la iniciativa «Internet es un derecho». Han redactado un «manifiesto para la inclusión digital» para reivindicar medidas para cerrar la brecha digital y resolver el problema de la desigualdad de género para acceder a los servicios digitales y utilizarlos.
Es evidente que estas iniciativas locales sensibilizan sobre la importancia de la brecha digital para el desarrollo humano, la inclusividad y la mejora de las competencias digitales. Estos manifiestos abordan el mismo problema, aunque han sido propuestos espontáneamente por dos sectores diferentes de la sociedad.
Estos manifiestos inspiran una mayor sensibilización, pero carecen de las acciones concretas que deben aplicar los gobiernos, que podrían lograrse de manera eficiente a través de una iniciativa ciudadana europea. La dimensión de la brecha digital en la región puede ser la ocasión de diseñar una propuesta más amplia, teniendo en cuenta que el alcance y el alcance de los derechos digitales superan las fronteras nacionales e implican una red digital europea. Además, en el contexto actual, el objetivo de «una sociedad más digital e inclusiva», que ocupa el centro del pilar europeo de derechos sociales, señala la necesidad de dar prioridad al diseño de estrategias para eliminar la brecha digital en la agenda del plan de recuperación de la crisis.
Además, las competencias jurídicas de la Comisión Europea para proponer medidas específicas, como la creación de fondos especiales o subvenciones para el acceso y el uso de los servicios digitales, son motivos para vincular estas iniciativas locales a un instrumento europeo inspirado en las demandas de los ciudadanos, como la Iniciativa Ciudadana Europea.
Por último, la ciudadanía de una localidad determinada (una ciudad, un Estado o un Estado) del territorio europeo puede dirigir acciones a escala europea basadas en los derechos de acceso y uso de Internet. Por lo tanto, se acogen favorablemente los comentarios sobre una propuesta de iniciativa ciudadana europea de una subvención digital que se integrará en el sistema de protección social de cada Estado miembro (especialmente para aquellos que se encuentran en situaciones de exclusión social o riesgo de pobreza).
Colaboradores
Ana Milena Carranza CarranzaAna Milena Carranza Carranza es abogada. Tiene doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Mundial y Máster en Análisis Económico de Derecho y Políticas Públicas de la Universidad de Salamanca. Es investigadora voluntaria en la Asociación Amigos MIRA España sobre una serie de temas relacionados con las garantías de derechos humanos, la inclusión digital y los estudios sobre migrantes.
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