Se aplican multas desproporcionadas en Chipre, país de la UE, que solo los ricos pueden permitirse durante la pandemia. Esto impide la libertad de elección a los ciudadanos de la UE menos prósperos, mientras que los más ricos pueden ejercer su libertad de elección. La mayoría de los ciudadanos no pueden permitirse pagar la multa desproporcionada y están obligados indirectamente a hacer algo que no deciden libremente. Las multas basadas en un porcentaje de ingresos deben introducirse a escala de la UE para que todos reciban el mismo trato y puedan elegir libremente sin que su falta de riqueza se utilice como arma de coacción.
En Chipre, en un país de la UE, los niños recibieron chantaje con pérdida de educación y, posteriormente, se dio a los padres un formulario de consentimiento para una prueba rápida invasiva con posibles complicaciones. El chantaje no es consentimiento. La UE debe velar por que la educación de los niños y las multas desproporcionadas no estén autorizados en todos los países de la UE a forzar su consentimiento.
Es necesario introducir una política de multa porcentual basada en los ingresos a escala de la UE, de modo que exista igualdad entre las clases financieras y el acceso a la libertad de elección para todos los ciudadanos de la UE con un consentimiento no coaccionado.
Además, la UE debe crear una política que deniegue y tenga consecuencias para los países de la UE que utilizan la educación infantil como chantaje para forzar el consentimiento. Sobre todo en lo que respecta a diagnósticos médicos invasivos, tratamientos médicos o cualquier otra cosa. El chantaje y la coerción no dan su consentimiento.
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